La semana pasada el país se sacudió
con la noticia de que la
Dirección General de Migración (DGM) había emitido una
resolución prohibiendo la inscripción de inmigrantes ilegales en las escuelas
públicas del país.
La
especie, que corrió como pólvora provocando toda suerte de opiniones y
reacciones, se basaba en una comunicación dirigida a la ministra de Educación,
Josefina Pimentel, por José Ricardo Taveras, director de la DGM.
El
tema tomó cuerpo y los medios se inundaron de opinantes y analistas quienes
tocaban todo lo relativo a la supuesta acción administrativa y sus
repercusiones. Con voces a favor y en contra, la temperatura mediática se
mantuvo caliente durante tres días hasta producirse un encuentro entre Pimentel
y Taveras que tranquilizó el ambiente, aunque no necesariamente lo aclaró de
todo.
Lo
primero que hay que decir es que aunque se asumió como cierta la existencia de
una “resolución”, la verdad es que la misma nunca existió y solo se trató
de una correspondencia.
La
comprobación física del documento fechado el 25 de Mayo de 2012 y recibido el
Ministerio de Educación (MINERD) el 31 de Mayo a las 10:55 AM, solo
muestra una carta de tres páginas donde se le informa al MINERD lo establecido
en el reglamento de Migración respecto a los estudiantes indocumentados, pero
más aún, la disposición de coordinar con los diferentes centros escolares, las
facilidades para la documentación de estos que actualmente suman 24,000.
El
tema migratorio es sensible y cuidadoso porque junto a lo legal y lo
humanitario se mezclan intereses económicos y políticos. Una especie de
escenario de ambages en donde todos admitimos la preocupante migración ilegal
(medularmente haitiana) existente; el derecho que nos asiste a reglamentarla,
la urgencia en que se haga, pero que por alguna razón o conveniencia, impedimos
que se realice.
Sin
embargo, es de justicia dejar claro que ni hubo resolución, ni hubo prohibición
por parte de la DGM
y mucho menos un “recule” sino solo la explicación de lo consignado en la Ley y en el reglamento que
desde el 1ro de junio ya entró en vigencia...y que aún no se cumple.
Por Domingo Beenavides
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